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En Ecuador hay dos grupos no- contactados: los Tagaeri y Taromenane. Étnicamente, son cercanos a los Waorani, la nacionalidad indígena que tiene su territorio dentro y alrededor del Parque Nacional Yasuní, una de las áreas de mayor diversidad en el mundo. Los propios Waorani establecieron contacto apenas hace cincuenta años, pero los Tagaeri y Taromenane decidieron no seguir sus pasos y se quedaron viviendo en aislamiento voluntario. Sin embargo, por diferentes procesos de colonización en la Amazonía, como la extracción de madera, de petróleo, la evangelización y el turismo, los grupos no contactados se vieron cada vez más amenazados, dando lugar a varios conflictos, incluso sangrientos. Por esto, desde 1999 el gobierno de Ecuador desarrolló una política pública para la protección de estos pueblos, que luego fue incluida en la constitución de la República. Además, se delimitó una enorme área intangible dentro y fuera del Yasuní, para la implementación de esta política. Un verdadero logro ya que pocas veces se han desarrollado políticas públicas tan fuertes para la protección de los derechos humanos de un grupo específico y, por tratarse de un grupo que vive en absoluta armonía con su entorno, para la protección ambiental.

 ¿Y su efecto? Hace varias semanas empezó un confuso conflicto entre Taromenane y una fracción de los Waorani que cobró con certeza la vida de una pareja de Waorani y de más de 30 Taromenane, según el reporte de gente de la zona. Independientemente de quién mató a quién o del rol de las actividades petroleras en la zona (ampliamente señaladas como causa subyacente del conflicto) es un ejemplo claro que el hecho de tener políticas no garantiza nada. Para estas decenas de Taromenane (un porcentaje importante de toda su población) no les ayudó en absoluto tener sus derechos humanos anclados en la constitución(1).

¿Qué podemos aprender de esta triste historia? Que la política es un instrumento bueno, pero es absolutamente obsoleta si los estados (en el más amplio sentido de la palabra, o sea, la sociedad y sus instituciones) no tienen la voluntad o la capacidad de implementarla. Muchos de nosotros nos concentramos diariamente en "desarrollar políticas positivas para cambiar paradigmas, para proteger integralmente los recursos naturales y los derechos a un buen vivir" y celebramos cualquier ley, reglamento o decreto que nos agrade. Pero finalmente son letra muerta cuando no están ajustados a las capacidades existentes para implementarlas.

Lo que es válido para la Amazonía también aplica a los Andes. Los habitantes de la montaña, especialmente los centenares de miles que viven en condiciones precarias en ecosistemas naturales, podrían en teoría disfrutar de un marco legal que les otorga derechos, incentivos, apoyo para proteger su ambiente, mejorar su producción, asegurar su derecho de acceso a agua y tierra etc. Sin embargo, en la práctica son igual de desatendidos que los Taromenane. Muchos pueblos de montaña, a pesar de tener miles de maneras de estar en comunicación con el resto de la sociedad, son no-contactados por las políticas. Mientras que las políticas positivas que desarrollamos no sean implementadas, todos somos no-contactados. Con la única diferencia que vivimos en Aislamiento NO Voluntario. 

 

(1) Lea más sobre esta el caso de los Taromenane  en http://www.elcomercio.com/pais/Ecuador-sanciones-matanza-taromenane_0_89...